Porqué decir NO a la reforma tributaria
Universidad de Antioquia
Escuela de Idiomas
Licenciatura en lenguas extranjeras
Por: Castro Bedoya, María Isabel
Trujillo Rivas, Edson Johan
Introducción
No es un misterio para nadie la difícil situación por la que atraviesa
el país, la ya de por sí precaria situación fiscal causada por los déficits y
el aumento de la deuda externa del país (cercana al 51,8% del PIB) que no hace
más que aumentar en manos de quienes nos gobiernan
A pesar del panorama con respecto a la economía del país y aún más
importante la economía de las familias y sobre todo aquellas que forman parte
de la clase media, quienes son ya hoy en día las que más aportan al estatuto
tributario; el gobierno nacional quiere aplicar una nueva reforma tributaria ,
con la que buscaría obtener casi $24 billones de pesos para los próximos 3
años, poniéndole el nombre de “reforma solidaria”/”solidaridad sostenible”,
siendo en profundidad una reforma que poco o nada tiene de solidario con el
ciudadano de a pie y mucho menos por quienes dice se aplicaría esta reforma,
siendo las personas de bajos y medianos ingresos los más afectados, quienes en
conjunto aportarían el dinero de más de la mitad del recaudo de manera directa
un 60,7%, un 31,1% el IVA y tan solo un 13,2% sería la contribución de los
grandes capitales/compañías/corporaciones, etc.
Agravación indirecta de los productos de la canasta
básica familiar y demás productos fundamentales
Una de las banderas del gobierno buscando la aprobación de la reforma es
esconderse tras la falsa mentira de que no agravarán los productos de la
canasta básica familiar, a pesar de lo cual todo lo que plantea la misma
reforma va encaminado al encarecimiento de todos estos productos, aunque no se
les cobre el “Impuesto de Valor Agregado” de manera directa.
En primer lugar, debemos considerar que, para la producción de todos
estos productos de la canasta básica, que en su mayoría son productos agrarios
(huevos, leche, arroz, productos cárnicos, derivados, entre otros), se requiere
de una gran cantidad de insumos, siendo su utilización lo que define en gran
medida el coste de estos. Con la reforma se busca que por la adquisición de
todos estos se deba pagar el IVA del 19%, productos como la cabuya, pesticidas,
suplementos dietarios, entre otros como un impuesto al uso de plásticos, debido
a esta decisión verán incrementado su valor, lo que de manera indirecta
aumentará el costo de los productos finales, al aumentar el costo de producción
Por otra parte, la mayoría de estos productos son cosechados,
recolectados o semiprocesados en lugares que suelen estar lejos de su punto
final de distribución, lo que añade normalmente un costo adicional debido a la
necesidad de transportar estos a las diferentes centrales y puntos de
abastecimiento. Dado que esto es una necesidad para la venta de estos,
cualquier afectación o encarecimiento al transporte repercutirá de la misma
manera en el precio. Uno de los puntos que propone la reforma es aumentar la
recaudación del IVA al precio de la gasolina, poner impuestos a repuestos y
partes de los automotores e incluso el incremento de las tarifas de peajes,
además de una propuesta de agregar peajes urbanos dentro de las grandes
ciudades, lo que nuevamente podría disparar los productos de la canasta básica
familiar
Una de las medidas que más tiene descontentos a los diferentes sectores
productores de estos bienes es el paso de diversos productos de la categoría de
exentos a excluidos, lo que de igual manera incrementa los precios, puesto que
ya no se les brindaría a los productores la compensación del valor equivalente
al IVA de los insumos utilizados en la producción
Impuesto a la renta gradual, pero injusto a largo plazo
Con respecto al impuesto a la renta, a pesar de que será algo gradual,
afectará principalmente a las personas naturales. Otra causa de preocupación
para las familias que hoy se están recuperando de los estragos provocados por
la pandemia. De acuerdo con el ministro de hacienda, se propone entonces una
transición de tres años como una medida para graduar la contribución. “Para los
ingresos de 2022, solo pagarán renta los asalariados que ganen más de $4,1
millones promedio mensuales. En 2023, únicamente los asalariados con ingresos
superiores a $2,9 millones promedio mensuales. Para 2024, quienes tengan
ingresos superiores a $2,5 millones al mes”.
Una ley de “solidaridad sostenible” que más que buscar ayudar a mejorar
la situación de extrema pobreza de nuestro país busca ampliar la base gravable
de las personas naturales al impuesto de renta, causando su empobrecimiento
inminente. Gravar un impuesto a la renta a una persona que devengue 2,5
millones de pesos es aumentar su carga presupuestal de manera injusta y
propender por encarecer más su situación en el marco de la pandemia. Por lo
tanto, no podemos apresurarnos a decir que lo que busca la “ley de solidaridad
sostenible” es aumentar la contribución de personas naturales con miras a
mejorar la situación de pobreza en nuestro país, sino todo lo contrario,
agravar la situación de la clase media y aumentar el número de personas que se
encuentran en situación de pobreza. Además, tampoco podemos creer en la
devolución del IVA a las personas que se encuentran en situación de pobreza. De
acuerdo con lo que hemos podido evidenciar durante la pandemia, hemos visto
casos de corrupción en la distribución de estos recursos, además de que no se
sabe si llegan a los hogares que verdaderamente lo necesiten. Algo previsible,
teniendo en cuenta que el estado nunca se preocupó por aminorar los efectos de
la pandemia para los sectores más desfavorecidos.
Impuesto a las pensiones
“Un pensionado que a partir del año 2022 reciba una pensión que exceda
$4.841.066 pesos al mes, empezaría a pagar renta. Adicionalmente, los
pensionados que reciban sumas superiores a 10 millones de pesos serán sujetos
pasivos del impuesto solidario y temporal que corresponde al 10% sobre el monto
de la mesada pensional”
Consideramos entonces que gravar impuestos a las pensiones no es una
medida justa puesto que la persona ya hizo los aportes correspondientes durante
el tiempo que estuvo trabajando. Además de reiterar que el dinero de las
pensiones es producto del ahorro constante del trabajador y no un ingreso
provisto por el empleador. No son justificables dichos impuestos.
Nuevamente estamos presenciando un ataque al régimen pensional de
nuestro país como el que ocurrió con la reforma constitucional del año 2005,
propiciada por el entonces también ministro de hacienda, el señor Alberto
Carrasquilla, quien modificó el régimen pensional. Este señor, acabó con el
régimen especial de pensiones, excepto el de la presidencia de la república que
para ese momento era la de Álvaro Uribe Vélez, reduciendo los derechos como la
mesada 14 para los discapacitados alargando las semanas de cotización y la edad
de pensión
IVA a los servicios estratos 4, 5 y 6
“La nueva reforma tributaria también contempla gravar con un IVA del 19%
los servicios públicos para los estratos 4,5 y 6. Lo anterior, incluye energía,
acueducto, alcantarillado, gas domiciliario y aseo. Del mismo modo, el
Gobierno Nacional planea también aumentar el impuesto al carbono, como medida
para mitigar los efectos del cambio climático; lo cual provocarían un
incremento en las tarifas de la energía”
Algunos bienes que se gravarían con IVA
Algunos bienes que también serán gravados con IVA son los computadores y
los celulares. Además, la conexión y acceso a internet residencial para los
estratos tres también tendría IVA del 19%
Gravar los anteriores bienes con impuesto es limitar aún más el acceso a
las herramientas tecnológicas, hoy indispensables para estudiar, trabajar,
mantener un contacto con las familias. “Según el Ministerio de las TIC, en un
estudio que se realizó en el 2020, Colombia tiene 24,3 millones de conexiones a
internet, entre fijo y móvil 4G, frente a 23,8 millones que están en las zonas
más apartadas y no tienen este beneficio”.
“Según datos registrados en el Sistema de Matrícula (Simat) del
Ministerio, actualmente se encuentran matriculados 9 '395.018 menores en el
sistema educativo, ya sea en colegios oficiales o privados. Sin embargo, se
encontró que entre los meses de marzo (inicio de la emergencia sanitaria) y
agosto, 102.880 de ellos se retiraron”.
IVA a los servicios funerarios
Con la reforma tributaria ni después de muertos vamos a dejar de pagar
impuestos. El promedio de muertes en Colombia por culpa del Covid al 28 de
abril es de 440 personas por día
Afectación al sector de la educación
En el caso de la educación, primeramente, se reduciría el porcentaje del
presupuesto dedicado a esta, además de romperse los acuerdos logrados durante
la última gran movilización universitaria durante 2018, donde el gobierno se
comprometía a pagar el déficit de las universidades públicas y continuar
ayudándoles económicamente para su no cierre ni privatización, lo cual sería
retroceder, desencadenando en un nuevo paro por parte de las IES más temprano
que tarde en caso de ser aprobada la reforma.
De parte de la educación pública en escuelas y colegios los problemas se
desencadenarían principalmente dentro de los gremios de profesores, dado que al
ser trabajadores públicos la reforma les caería como un balde de agua fría
Grandes empresas, inversores y empresas extranjeras
que pagan pocos impuestos
Una de las razones que han impulsado el déficit que enfrenta el país fue
la reforma realizada durante el año 2019, en la que se reducen impuestos a los
adinerados y a sus empresas, disminuyendo el recaudo de ingresos del estado,
mientras se aumentaba el recaudo a personas naturales. Esta ley fue nombrada
como “ley de crecimiento económico” y más allá de las imprevisiones surgidas
con la aparición del virus en el mundo y la llegada de este a nuestro país,
poco o nada ha funcionado dentro de su aplicación y mucho menos en los
resultados que prometían luego de ser aprobada en el congreso. Por el contrario,
esta ley ha creado un hueco en las cuentas fiscales del estado y, por lo tanto,
desaparecer los subsidios y ayudas a grandes empresas y capitales debería ser
una de las propuestas fundamentales de la reforma tributaria y no centrarse en
mantenerlas
Reforma camuflada bajo el falso nombre de “reforma solidaria”
Hay que destacar el nombre que el mismo presidente le ha dado a esta ley
de 2021
Aunque esta ayuda se viene entregando desde la primera mitad del año
2020, la pobreza extrema creció en Colombia por encima del 42% por lo que
alrededor de 7.5 millones de colombianos ganan menos de $283.828 al mes en
promedio
El principal problema que se ha presentado para la entrega de este
beneficio es la desactualización de las listas del SISBEN, además de las nuevas
metodologías utilizadas para clasificar a los participantes del último censo
durante el 2019 y la imposibilidad de homologar estos resultados (SISBEN IV)
con los anteriores (SISBEN III)
Aunque este programa esté enfocado en ayudar a aquellas familias quienes
lo necesiten de acuerdo con el SISBEN, también se ha llegado a presentar un
panorama diferente e incluso peor al anteriormente presentado. Dentro de las
irregularidades se encuentran cosas increíbles como personas que se encontraron
con que alguien más estaba haciendo uso de su mismo número de cédula para
recibir el beneficio, se encontró que números aleatorios como 1234567 o 111111
estaban en la lista para recibir el beneficio y que incluso personas ya muertas
hace años figuraban dentro de la misma con su número de cédula
Todo este panorama nos debe hacer pensar al respecto, sabemos que es un
subsidio necesario, sin embargo, la implementación de una reforma tributaria de
las magnitudes que podría tener la que se está intentando tramitar en el
congreso, poco o nada tiene de solidaria e incluso podría llegar a aumentar el número
de familias que tras su implementación podrían llegar a necesitar del “ingreso
solidario”, pero ¿acaso no es mejor mantenerlas con poder adquisitivo, en vez
de degradarlas al estado de pobreza? De nuevo, en cuanto al subsidio, las
formas con las que se administrado su entrega y las irregularidades que se han
descubierto dentro de los diferentes procesos nos permite hacernos la siguiente
pregunta: ¿qué tanto está realmente interesado el estado en ayudar a los más
necesitados? y ¿qué propósitos tiene realmente con el mantenimiento de este y
otros subsidios?
Conclusiones
·
Las razones dadas son más que
suficientes para justificar el paro y el levantamiento de todos los movimientos
y sectores de la sociedad, dado que al atacar a la clase media se ataca a la
base de toda la sociedad colombiana.
·
La reforma tributaria disimulada con el
eufemismo de “solidaridad sostenible”, no busca equidad, ni mucho menos
aminorar la pobreza y los estragos provocados por la pandemia. Al contrario,
sirve a ciertos intereses y carga el déficit económico que hoy vivimos a una
clase emergente.
·
Promueve aún más el empobrecimiento de
nuestro país, ya que, al aumentar el número de impuestos, incluso a bienes de
primera necesidad, y hacer recortes al gasto público para salud y educación,
encarece y perjudica aún más a las familias.
·
Los subsidios no son la solución para
la pobreza de nuestro país. Como se expuso anteriormente, hay grandes
irregularidades en la entrega de estos. No todas las familias pueden acceder a
este subsidio, ya que las bases de datos no son certeras y la política de este
país no está hecha para beneficiar a los más vulnerables.
·
Algo que debemos tener claro es que sin
importar qué, todos los colombianos nos veríamos seriamente afectados en caso
de que se implemente la propuesta. Debemos decir hoy NO, ya que, en el caso de
no vernos directamente comprometidos con la misma en el presente, podría
representar un grave retroceso y afectación en un futuro cercano, no sólo por
las acciones propuestas en la reforma, también por la ya de por sí precaria
situación de los trabajadores, estudiantes y personas naturales en el país, que
se vería empeorada.
·
La agravación de productos y servicios
de consumo básico de manera directa o indirecta debería considerarse un crimen
en contra del pueblo, ya que vulnera y ataca directamente a los ciudadanos cuyas
posibilidades adquisitivas son reducidas, además de los productores de estos
bienes, principalmente a los campesinos y sus familias.
·
La intención de recaudar dinero del
pueblo a través de la subida e implementación de nuevos impuestos, mientras las
grandes empresas y millonarios del país gozan de excepciones y beneficios
tributarios; con los que no cuentan pequeñas ni medianas empresas; no son más
que las pruebas de un gobierno que no se preocupa en mejorar las condiciones
del pueblo, sino que se desvela en ampliar la cartera de los banqueros y
grandes empresarios.
·
A pesar de que las condiciones para que
los ciudadanos accedan a la cultura, la educación y la ciencia son ya de por sí
difíciles, se busca que estas actividades reciban menos presupuesto estatal, lo
que no sólo demuestra un desinterés total de parte del gobierno por promoverlas
sino también una falta de compromiso y de palabra, ya que al hacer esto estaría
incumpliendo lo pactado durante las manifestaciones y paro del año 2018, entre
otros.
·
Aunque se llegue a recaudar un monto
igual o similar al querido por el ministerio de hacienda con la aplicación de
la reforma tributaria, no hay ninguna garantía de que este dinero se utilice de
manera adecuada y acorde a la situación que vive el país. Así como se demostró
con las pobres mejorías hechas al sistema de salud, la ineficiencia a la hora
de adquirir las vacunas del Covid 19 y la pésima administración de los dineros
del fondo de emergencias nacional. Por lo que se debe exigir a los órganos de
control un riguroso seguimiento de los recursos del estado, una vez se llegue a
un acuerdo y luego de aplicados
·
La situación fiscal del país se ha
visto agravada por las malas decisiones y acciones implementados por el
gobierno nacional, entre ellas el incremento del presupuesto de defensa, en un
momento donde la prioridad es la salud; la compra de equipos y maquinaria de
guerra, la conservación de espacios en medios de comunicación y redes sociales como
el programa televisivo “prevención y acción”, cuyo impacto ha sido mínimo, y la
reactivación de programas obsoletos como la aspersión aérea de glifosato como
estrategia para la erradicación de cultivos ilícitos.
·
El paro debe de ser un movimiento
articulado entre los diferentes sectores y asociaciones nacionales para luchar
por el mejoramiento de las condiciones en el país, la seguridad y la vida de
todos los ciudadanos, la implementación de políticas educativas que promuevan
activamente y faciliten la entrada de nuevas generaciones a la educación
pública, la cultura y la ciencia, además de exigir la adquisición y aplicación
de vacunas buscando acabar con la pandemia ocasionada por el virus del SARS-2/Covid19
(y así acelerar una posible reactivación económica), y la renovación del
sistema de salud mirando hacia uno público enfocado en la prevención, entre
muchas otras reformas sociales
necesarias, no sólo en contra de la reforma tributaria.
·
El paro y la protesta pacífica son
mecanismos necesarios y efectivos para exigir y velar por el cumplimiento de
nuestros derechos. Por lo cual, mientras se mantenga dentro de los marcos de
respeto, divulgación inteligente y argumentada, y las marchas y protestas
pacíficas, debe continuar hasta que se logre un acuerdo con el gobierno
nacional que vigile, respete y de garantías a todos los sectores que forman
parte del movimiento, siendo así que su extensión debe ser la necesaria y
exigida por quienes nos movilizamos y vinculamos a diferentes actividades
relacionas, hasta el cumplimiento de estos objetivos. Dejando en segundo plano
metas y propósitos vinculados a lo exclusivamente personal, mientras se ganan y
ratifican las luchas del común. ¡Viva el paro nacional!
Referencias
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de La república:
https://www.larepublica.co/economia/las-personas-que-deben-declarar-renta-desde-2022-3154351
Link para descargar el ensayo PDF: https://drive.google.com/file/d/1ata3dDrdVuOy4ZHv0aPBF05bgOl-_vJU/view
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